La primera audiencia de restitución de bienes a víctimas de los paramilitares que se iba a realizar en el país y que estaba programada para ayer en Medellín fue aplazada para el jueves.
Hacia las 8:30 a.m., en el auditorio de la Personería de la ciudad, el magistrado de Justicia y Paz Álvaro Cerón les explicó a una decena de víctimas que viajaron de Urabá para estar presentes en la diligencia que no se podía realizar porque se les había olvidado citar a los representantes de los 'paras'.
Solo media hora después de haber empezado, tras cumplir con los formalismos, se levantó.
El fallo de los magistrados de Justicia y Paz es indispensable para luego hacer la restitución de los bienes.
Ayer en la tarde, los campesinos buscaban cómo pasar las dos noches que les tocará esperar en Medellín. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también perdió un millón 700 mil pesos que pagó por la transmisión en directo que iban a hacer a Urabá.
En particular, la audiencia se iban a escuchar 19 casos de personas de la zona agroindustrial y el occidente antioqueño que fueron despojadas de 2.196 hectáreas de tierra por los bloques Élmer Cárdenas, Bananero, noroccidental y Magdalena Medio a través de amenazas, asesinatos, falsificación de documentos y otras artimañas. Estos se dieron en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, Mutatá, Sopetrán y Sonsón.
Entre ellos hay historias donde el acto ilícito aparentemente no tiene discusión y por eso la sentencia sería rápida, como el de Carlos Ardila, fundador de las Auc en Urabá y que en 1995 les envió una boleta a su propia tía y primos para que abandonaran su finca en El Totumo, el corregimiento de Necoclí donde tenía campamento Freddy Rendón 'El Alemán'.
Cinco años después les dijo que podían volver pero pagando cinco millones de pesos por haberles cuidado la tierra, o que si no tenían, él les compraba por diez millones.
Como no contaban con un peso, así hicieron.
Otra fue una parcela cuyas escrituras aparecen firmadas en notaría, aunque la familia llevaba dos años en el exterior.
La idea era que la audiencia de devolución de bienes fuera una prueba para avanzar con el mismo trámite en el resto del país.
"Llevamos cuatro años y medio esperando a que haya fallos judiciales, que los operadores judiciales tomen decisiones sobre las víctimas. Aquí tiene que haber un cambio de mentalidad en la administración de justicia: que lo primero son las víctimas. Más allá de la pena del victimario acá hay unas personas afectadas y necesitan que se les reparen el daño causado". Con esas palabras el coordinador regional de la CNRR, Gerardo Vega, rechazó la demora.
De hecho, todo estaba previsto para diciembre pero ya se había aplazado.
Hacia las 8:30 a.m., en el auditorio de la Personería de la ciudad, el magistrado de Justicia y Paz Álvaro Cerón les explicó a una decena de víctimas que viajaron de Urabá para estar presentes en la diligencia que no se podía realizar porque se les había olvidado citar a los representantes de los 'paras'.
Solo media hora después de haber empezado, tras cumplir con los formalismos, se levantó.
El fallo de los magistrados de Justicia y Paz es indispensable para luego hacer la restitución de los bienes.
Ayer en la tarde, los campesinos buscaban cómo pasar las dos noches que les tocará esperar en Medellín. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también perdió un millón 700 mil pesos que pagó por la transmisión en directo que iban a hacer a Urabá.
En particular, la audiencia se iban a escuchar 19 casos de personas de la zona agroindustrial y el occidente antioqueño que fueron despojadas de 2.196 hectáreas de tierra por los bloques Élmer Cárdenas, Bananero, noroccidental y Magdalena Medio a través de amenazas, asesinatos, falsificación de documentos y otras artimañas. Estos se dieron en los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, Mutatá, Sopetrán y Sonsón.
Entre ellos hay historias donde el acto ilícito aparentemente no tiene discusión y por eso la sentencia sería rápida, como el de Carlos Ardila, fundador de las Auc en Urabá y que en 1995 les envió una boleta a su propia tía y primos para que abandonaran su finca en El Totumo, el corregimiento de Necoclí donde tenía campamento Freddy Rendón 'El Alemán'.
Cinco años después les dijo que podían volver pero pagando cinco millones de pesos por haberles cuidado la tierra, o que si no tenían, él les compraba por diez millones.
Como no contaban con un peso, así hicieron.
Otra fue una parcela cuyas escrituras aparecen firmadas en notaría, aunque la familia llevaba dos años en el exterior.
La idea era que la audiencia de devolución de bienes fuera una prueba para avanzar con el mismo trámite en el resto del país.
"Llevamos cuatro años y medio esperando a que haya fallos judiciales, que los operadores judiciales tomen decisiones sobre las víctimas. Aquí tiene que haber un cambio de mentalidad en la administración de justicia: que lo primero son las víctimas. Más allá de la pena del victimario acá hay unas personas afectadas y necesitan que se les reparen el daño causado". Con esas palabras el coordinador regional de la CNRR, Gerardo Vega, rechazó la demora.
De hecho, todo estaba previsto para diciembre pero ya se había aplazado.
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