Todavía hay municipios donde el dilema resulta si pagan servicios o nómina, porque la plata no alcanza.
En otros en los cuales los índices de pobreza superan el 80 por ciento las cuentas no cuadran y gastan más de lo que reciben y permite la ley; y no faltan los alcaldes que a pesar del saldo rojo no prestan mayor cuidado a la delicada situación.
Para poner freno a este tipo de situaciones y sanear las finanzas de las entidades territoriales del país se expidió hace casi ya diez años la Ley 61.
En su momento advertía que de no cumplir con los límites de gastos, los Municipios bajarían de categoría e incluso podrían pasar a ser corregimientos.
Sin embargo, tras varias reglamentaciones de esa Ley, hoy se encuentran casos como el Segovia (nordeste antioqueño), que nunca ha cumplido con la norma.
A pesar de los planes para mejorar sus débiles finanzas, año tras año incumple con el tope del 80 por ciento de sus recursos propios de libre destinación para funcionamiento y el 20 por ciento restante para inversión social.
Además, tras revisar el año pasado las cuentas de presupuesto para la vigencia del 2008, Planeación Departamental halló que 22 municipios en las categorías 4, 5 y 6, no están dentro de la norma (ver 'La lista negra'...).
"Hoy tenemos que el 18 por ciento incumplen los límites fiscales. En nuestras revisiones evidenciamos que algunos tratan de esconder su déficit fiscal o una cosa es la que autocertifican en cumplimiento de Ley 617 y otra la que encontramos", asegura Ana Cristina Moreno, directora de Planeación Departamental de Antioquia.
Problema nacional
Esta realidad no solo es de este departamento. En el país, según el Gobierno Nacional, de 1.103 municipios, más de 500 van mal en su desempeño fiscal y si no hubiera prerrogativas, por la Ley 617 ya deberían ser corregimientos.
Pero no todos los casos reportados en Antioquia son culpa de las actuales administraciones. Entre las causas para estar al borde la inviabilidad están los manejos irregulares de pasadas alcaldías, abultadas nóminas, demandas laborales por descuido de las obligaciones legales y hasta el puro desconocimiento.
"También la crisis económica ha afectado a municipios que producen poco y dependen para funcionamiento e inversión social de los impuesto predial e industria y comercio", aclara César Barros, director de finanzas de Planeación.
En esas condiciones, uno de los mayores riesgos es que los recursos transferidos para temas tan importantes como salud, educación y obras civiles se desvíen a sostener el gasto municipal.
Si bien hay municipios que formularon sus planes de mejoramiento y han ganado terreno contra el déficit fiscal, hay otros que siguen en situación crítica.
De hecho, según Moreno, ya los municipios de Zaragoza y Turbo se acogieron a la Ley 550 (ley de quiebras) ante las inviables condiciones de sus finanzas públicas.
Esta norma da concesiones en el pago de unas obligaciones, pero el manejo de las rentas pasa a manos del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, los casos más preocupantes para Planeación Departamental son Uramita, Segovia, San Juan de Urabá y Angelópolis que presentan retrocesos en materia fiscal.
La lista roja
Según Planeación y Contraloría de Antioquia, estos son los 22 municipios que al 2008 no cumplían con los límites legales:
Abriaquí, 95,20 por ciento
Angelópolis, 100.3 por ciento
Argelia, 86,50 por ciento
Cáceres, 92,5 por ciento
Cañasgordas, 85,60 por ciento
Carepa, 82,70 por ciento
Dabeiba, 85,3 por ciento
Entrerríos, 89,20 por ciento Granada, 88,10 por ciento
Heliconia, 86,4 por ciento
Liborina, 101,8 por ciento
Maceo, 81,4 por ciento
Pueblorrico 98,2 por ciento
Puerto Nare, 86,9 por ciento
San Juan de Urabá, 92,7 por ciento
Segovia, 112,9 por ciento
Támesis, 87,1 por ciento
Toledo, 93 por ciento
Turbo, 86,5 por ciento
Uramita, 99,6 por ciento
Yolombó, 82,10 por ciento
Zaragoza, 85,2 por cieento
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