De los 91 municipios que han documentado la petición de restitución de tierras con la Comisión Nacional de Restitución en Antioquia, 44 tienen riesgo moderado y 28 alto riesgo para los desplazados despojados de sus predios por grupos armados ilegales.
Así lo indica el mapa de riesgos para reclamantes de tierras y líderes de organizaciones presentado por la CNRR, luego de un proceso de indagación con las víctimas, sus asociaciones y el cruce de información con mapas riesgo de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, Corporación Nuevo Arco Iris, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y Misión de Observación Electoral.
El nuevo mapa identifica los municipios que presentan variables violentas, teniendo en cuenta índices de riesgo que vive el Departamento por causa de acciones violentas de guerrillas y bandas criminales. Tiene en cuenta la presencia de grupos armados ilegales, el número de combates registrados, la tasa de desplazamientos forzados, la presencia del narcotráfico y el tráfico de armas.
Según los hallazgos, la presencia de bandas criminales como "los Urabeños", "los Rastrojos" y "los Paisas", así como las Farc, y el Eln y la existencia del narcotráfico y los cultivos ilícitos, confluyen para que el riesgo sea extremo en 28 municipios pertenecientes a las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño.
Turbo, Mutatá, Cáceres, Tarazá son algunas de estas localidades (ver recuadro).
También se encontró que, en total, son 2.324 predios los reclamados en Antioquia entre 2010 y 2011 y que la mayoría de requerimientos se concentran en el municipio de Turbo.
José Arley Muñoz Úsuga, coordinador de la CNRR en Antioquia, explicó que la elaboración del mapa se logró gracias a las víctimas que reclaman sus bienes. "Los reclamantes han dado un primer paso y es ir a documentar y establecer algún tipo de denuncia para que se les restituyan sus tierras. Los casos que tenemos documentados se están trasladando a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía".
Mesa de Seguridad activa
La elaboración del mapa fue un trabajo conjunto entre la CNRR y la Mesa de Seguridad creada en febrero del presente año, con el fin de proponerle a las autoridades competentes mecanismos y rutas de solución a la situación de riesgo que viven no sólo los reclamantes de tierras, sino también los líderes de las organizaciones de víctimas.
A partir del mapa y la identificación de las víctimas con más riesgo en la región, la Mesa de Seguridad propuso una estrategia de seguridad local, con instituciones que intervengan en las zonas afectadas por la violencia para que establezcan una Unidad de Atención Especial que permita brindar ayuda oportuna a los desplazados.
El coordinador regional de la CNRR, también insistió en que las rutas de protección dejen de ser reactivas para que sean de carácter preventivo y que consulten no sólo la institucionalidad local, sino también a las organizaciones de víctimas.
"Hay que valorar el esfuerzo de todas las instituciones que conforman la Mesa, esperamos que las recomendaciones al Gobierno Nacional sean tenidas en cuenta", dijo Muñoz Úsuga.
La Mesa de Seguridad está conformada por OEA, Policía Nacional, Fiscalía, DAS, PNUD, Mapp-OEA, Personería, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y las dependencias de Derechos Humanos del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Medellín.
Municipios Antioqueños con alta vulnerabilidad
Los predios que presentan algún tipo de riesgo por su ubicación geográfica, son aquellos ubicados en los municipios de San Juan, Necoclí, Arboletes, San Pedro, Chigorodó, Frontino, Cañas Gordas, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Sopetrán, Sabana Larga, Yarumal, Yolombó, San Roque, San Rafael, Remedios, Yondó y Maceo.
Sin embargo, según lo encontrado por la CNRR, hay municipios que se encuentran en alerta roja por los altos indices de violencia. Son:
Mutatá, Turbo, Cáceres, Apartadó, Carepa, Dabeiba, Ituango, Urrao, Tarazá, Campamento, Amalfí, Segovia, El Bagre, Caucacia, Nechí, Segovia, Puerto Berrio, San Carlos, Caracolí, Puerto Nare, San Francisco, Granada y San luís. Son los municipios que por acciones armadas representan mayor riesgo para reclamantes de tierras y líderes campesinos.
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