Las víctimas de los paramilitares que operaron en el Uraba Antioqueño, al norte del país, esperan que los ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands, llamados a indagatoria por la Fiscalía colombiana, sean extraditados al país.
“No puede reducirse a una mera voluntad de las personas requeridas, la posibilidad del avance de las investigaciones”, aseguró la abogada Dora Arias, del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, organización que ha representado a los afectados por el accionar de los ilegales de derecha. John Paul Olivio, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninnger empleados de la bananera, fueron vinculados formalmente a un proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, en donde se investiga la financiación de los paramilitares por parte de Banaldex, su filial en Colombia.
Entre 1997 y 2004 cuando los paramilitares fueron los responsables de unos once mil asesinatos en el Uraba, Chiquita Brands, a través de la empresa de seguridad Papagayo, entregó 1.7 millones de dólares a los ilegales.
La Fiscalía solicitó además que los 25 millones de dólares que la compañía pagó en Estados Unidos como sanción por haber financiado a un grupo catalogado como terroristas, sean usados para la reparación de las victimas en Colombia, lo que ya había sido solicitado anteriormente y sin éxito, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Para Orfilia Tobón de 47 años y quien perdió a su esposo y tres hijos en la arremetida paramilitar, con los testimonios de los estadounidenses “se podrá saber más a fondo, lo que paso”.
En eso coincide Arias, para quien no sólo los tres ejecutivos llamados a indagatoria, sino otros 20 directivos de la compañía, de los cuáles la Fiscalía esta recaudando información, poseen datos claves dentro del proceso.
“La expectativa es alta, teniendo en cuenta que el presidente Barack Obama ha manifestado su interés en la lucha contra la impunidad”, aseguró.
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