Miles de campesinos invadieron predios privados en Chigorodó, Apartado y Carepa. No se llegó a un acuerdo que permitiera un desalojo pacífico.
Unas 5.400 personas comenzaron a ser desalojadas de predios privados que habían invadido, al parecer sistemáticamente, desde el lunes en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Carepa en la zona del Urabá antioqueño, en una situación que amenazó con convertirse en una bomba de tiempo entre ocupantes y propietarios de los terrenos.
Alrededor de 350 efectivos de la Policía, por orden del gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, se encargan desde este sábado del operativo, ante el fracaso de las negociaciones entre las autoridades locales y los líderes de los campesinos y que ya despejan tres de once predios ocupados.
Éstos ya se habían enfrentado a las autoridades en la noche del viernes en incidentes en los que el Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD) de la Policía usó gases lacrimógenos.
El sábado se presentaron más choques en horas de la noche, aunque no se presentaron heridos. El general Luis Alberto Pérez, director seccional de la Policía, manifestó que los invasores de los terrenos viven en las mismas poblaciones, pero se desconoce quién y porqué se organizó la movilización simultánea.
El movimiento durante viernes también se había negado a desalojar los terrenos e incluso ya habían quemado llantas y bloqueado carreteras para hacer valer su posición, lo que mantenía incomunicada la zona por vía terrestre.
Habían circulado versiones de que las intrusiones han sido alentadas por políticos locales, probablemente interesados en estos terrenos plenamente productivos y en cercanías de los cascos municipales.
Para el alcalde de Apartadó Osvaldo Cuadrado, la toma se trató de "un fenómeno que viene presentándose de forma selectiva y organizada en varios municipios de la región, no sabemos por quién ni con qué intención, pero que sin duda amenazan con minar el esfuerzo que venimos haciendo las autoridades y todas las fuerzas vivas del municipio por mantener el orden"
Por su parte, el gobernador Ramos apuntó a que las manifestaciones habrían sido influenciadas por la insurgencia. "Todo hace ver que vienen de grupos subversivos al margen de la ley", dijo. El general Pérez descartó esa posibilidad.
Carmen Palencia, directiva de la no gubernamental Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes y Tierras del Urabá Antioqueño, descartó que las ocupaciones fueran protagonizadas por personas de grupos que como el suyo reclaman la devolución de terrenos de los que fueron despojados en años pasados por paramilitares y narcotraficantes.
Las ocupaciones "no fueron en fincas... sino en predios urbanos. Esto es un problema social que tiene que ver con el déficit de vivienda. Es gente que no tiene casas", dijo Palencia en entrevista telefónica desde Apartadó donde funciona la asociación.
"Nosotros no avalamos, no propiciamos vías de hecho" o las invasiones de lotes, aseguró la activista cuya asociación reúne a 2.800 familias que reclaman la devolución de al menos 50.000 hectáreas en Urabá y que aseguran le fueron robadas a las personas por paramilitares, narcos y guerrillas, desde la pasada década.
El gobernador Ramos y el ministro de Agricultura y desarrollo rural Juan Camilo Restrepo, deploraron la ocupación ilegal y dispusieron conjuntamente el desalojo de las familias que invadieron esos terrenos agroindustriales.
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