Organizaciones de la región entregarán al vicepresidente Angelino Garzón esta propuesta.
Esto a propósito de la visita del alto funcionario a Apartadó para evaluar las condiciones de seguridad de los reclamantes de tierras, pues han asesinado a nueve de ellos, los dos últimos el mes pasado.
La propuesta tomó fuerza este jueves, durante el primer día del 'Foro social por la reconciliación de Urabá', donde se sentaron en la misma mesa las fuerzas vivas de la región, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y representantes del Gobierno Nacional.
"Aquí tiene que haber un tratamiento especial porque tenemos todos los problemas asociados a las víctimas del conflicto, desde titulación y despojo, pasando por desplazamiento, homicidios y amenazas a los reclamantes", explica Guillermo León Correa, director de Corpolibertad, organización defensora de los derechos de las víctimas y familiares.
De hecho, solo en 11 municipios que componen el Urabá antioqueño hay 23.726 solicitudes de reparación por vía administrativa, que equivale al 25,4 por ciento de las 93.353 que corresponden a los otros 114 municipios de Antioquia, según la CNRR.
Otra de las razones para que haya un tratamiento especial en materia de reparación es que Urabá concentra el 62,2 por ciento de las 2.410 reclamaciones de restitución de tierras en Antioquia.
"Si en Urabá nos va mal en el proceso de reparación y restitución, a todo el país le va mal. Aquí se concentran los casos más emblemáticos y algunos ad portas para que los magistrados los fallen a favor de las víctimas", argumenta el coordinador en Antioquia de la CNRR, José Arley Muñoz.
La propuesta no tiene asiento jurídico alguno y no fue contemplado en la Ley de Víctimas, pero ha concitado las voluntades de las organizaciones y gremios en la región para encontrar alternativas para una más expedita reparación de las víctimas.
Por eso se propone que opere mediante una mesa donde el Estado tendrá un papel de garante en el esfuerzo de retomar las experiencias positivas de reconciliación cultivadas en 30 años de conflicto en la región.
"Con este modelo especial de reparación buscamos que también se emplee la conciliación, mediación y negociación como vía para la reparación, que no sea solo la vía judicial y administrativa, lo que incluso resultaría más económico que lo dispuesto hoy en la Ley de Víctimas", explicó Diego Atehortúa, uno de los impulsores de la propuesta.
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