HOLANDESES LLEGARON A TURBO LA CAPITAL DE URABA A IMPULSAR PROYECTO DEL AGUA

Una comisión integrada por dos ciudadanos holandeses se encuentran en Turbo desde el pasado lunes 25 de abril con el fin de impulsar la ejecución de un megaproyecto para abastecer de agua potable a la población. La importante visita, que se extenderá durante toda la semana, ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo realizado por la Administración Municipal y a la gestión del concejal Jhon Copete Perea

La delegación la integran el ingeniero HANS

VAN DUIJNE, representante de la Universidad holandesa de Deltares y el consultor PAUL GEERDERS, experto en el tema de manejo integrado de recursos naturales marino – costeros y facilitador de importantes proyectos financiados con recursos de cooperación internacional para Colombia y varios países latinoamericanos.

Desde hace varios años, se viene planteando la urgente necesidad de definir una nueva fuente de captación de agua para abastecer el sistema de acueducto urbano del Municipio, ya que el río Turbo no suple las necesidades de la población, cuyos habitantes superan las 150 mil personas. Entre las alternativas de captación se plantean los ríos Atrato, Guadualito y León al igual que la construcción de varias represas, aunque serán los estudios técnicos los que definirán el sitio.

Los holandeses explicaron que el objetivo de la visita es recopilar abundante información para diseñar una propuesta que presentarán en septiembre próximo ante el fondo internacional ORIO, del gobierno holandés, con el fin de lograr la cofinanciación en un alto porcentaje, de dicho proyecto. “no nos atrevemos a aventurar cifras, pero sí podemos asegurar es que hay suficientes recursos y una buena disposición del gobierno de Holanda de ayudar a Turbo en tan apremiante situación”, dijo Paul Geerdes.

Durante una rueda de prensa concedida esta semana a diferentes medios de comunicación de Urabá, la alcaldesa encargada de Turbo, Sandra Puerta Mesa ratificó el respaldo de la Administración a la gestión adelantada por los expertos e invitó a la comunidad, a la empresa Aguas de Urabá, y a los gobiernos Departamental y Nacional a sumar esfuerzos para superar definitivamente, el histórico problema de desabastecimiento de agua potable que durante más de 170 años ha padecido la población.

SANDRA PUERTA DESMIENTE RUMORES SOBRE COLEGIO DEL CORREGIMIENTO EL TRES

La alcaldesa de Turbo, Sandra Puerta Mesa desmintió las recientes versiones publicadas en un periódico de circulación nacional, en las que se afirma que la mandataria no quiere recibir el nuevo colegio del corregimiento El Tres, el cual fue recientemente construido por el Ministerio de Educación Nacional con una inversión de 10 mil millones de pesos.

“Esas afirmaciones son falsas. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el contrato de concesión que suscribió la Administración anterior con la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Lasallistas Cristianas de Medellín, quienes administrarían dicho colegio en unas condiciones lesivas para los intereses del Municipio”, aseguró.

Sandra Puerta explicó que a la Administración Municipal le tocaría asumir sin ninguna retribución, los altos costos del transporte de los estudiantes desde diferentes veredas hacia dicho colegio y le tocaría incurrir en numerosos gastos en detrimento del patrimonio del Municipio, mientras que el contratista se ganaría cómodamente más de mil millones de pesos anuales. “Ello, sin contar las inconsistencias jurídicas que se evidencian en el contrato”, indicó.

La mandataria puso el tema en conocimiento de la Contraloría y la Secretaría de Educación Departamental y al Ministerio de Educación Nacional, al que solicitó considerar la posibilidad de entregar al Municipio, la administración directa de dicho colegio.

“Mi posición es que sí quiero recibir el colegio, pero me mantengo en mi férrea defensa de la educación pública en mi Municipio, educación que no estoy dispuesta a entregar a un agente privado, y menos, en las actuales circunstancias”, advirtió la mandataria, al tiempo que solicitó al diario publicar la versión de la Administración Municipal, como uno de los actores principales en el controversial tema.

CONCEJO DE TURBO APROBÓ CUATRO PROYECTOS DE ACUERDO

Al cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por la Administración Municipal, el concejo municipal de Turbo aprobó recientemente cuatro proyectos de acuerdo. El primero de ellos, fue el que estableció el salario mensual de la alcaldesa de Turbo, Sandra Puerta Mesa, el cual quedó fijado en 3 millones 629.518 pesos.

El segundo proyecto aprobado, es el que autoriza a la alcaldesa viajar a Miami, para participar en un importante foro seminario organizado por el Ministerio de Economía y Hacienda de España, el Banco Mundial y la Universidad de la Florida, al que asistirán numerosos alcaldes del continente. Allí, aprovechará el escenario para gestionar importantes proyectos para el Municipio.

Seguidamente, fue aprobada la iniciativa que permite a la mandataria local comprometer vigencias futuras de los recursos del sistema general de participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico para resolver este año el problema de acueducto y alcantarillado de la mayoría de corregimientos del Municipio, con una inversión aproximada a los 20 mil millones de pesos.

Finalmente, fue aprobado por 12 votos a favor y 3 en contra, el proyecto que faculta a la alcaldesa municipal para entregar en concesión varios servicios de la Secretaría de Tránsito. Ante la controversia que generó la iniciativa, la mandataria local indicó que con la concesión se pretende resolver el grave problema de movilidad en el Municipio, aclarando que la Administración no perderá la autoridad ni el control de la oficina de Tránsito Municipal.

Piden declarar a Urabá zona especial de reparación de víctimas

Organizaciones de la región entregarán al vicepresidente Angelino Garzón esta propuesta.

Esto a propósito de la visita del alto funcionario a Apartadó para evaluar las condiciones de seguridad de los reclamantes de tierras, pues han asesinado a nueve de ellos, los dos últimos el mes pasado.

La propuesta tomó fuerza este jueves, durante el primer día del 'Foro social por la reconciliación de Urabá', donde se sentaron en la misma mesa las fuerzas vivas de la región, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y representantes del Gobierno Nacional.

"Aquí tiene que haber un tratamiento especial porque tenemos todos los problemas asociados a las víctimas del conflicto, desde titulación y despojo, pasando por desplazamiento, homicidios y amenazas a los reclamantes", explica Guillermo León Correa, director de Corpolibertad, organización defensora de los derechos de las víctimas y familiares.

                                         

De hecho, solo en 11 municipios que componen el Urabá antioqueño hay 23.726 solicitudes de reparación por vía administrativa, que equivale al 25,4 por ciento de las 93.353 que corresponden a los otros 114 municipios de Antioquia, según la CNRR.

Otra de las razones para que haya un tratamiento especial en materia de reparación es que Urabá concentra el 62,2 por ciento de las 2.410 reclamaciones de restitución de tierras en Antioquia.

"Si en Urabá nos va mal en el proceso de reparación y restitución, a todo el país le va mal. Aquí se concentran los casos más emblemáticos y algunos ad portas para que los magistrados los fallen a favor de las víctimas", argumenta el coordinador en Antioquia de la CNRR, José Arley Muñoz.

La propuesta no tiene asiento jurídico alguno y no fue contemplado en la Ley de Víctimas, pero ha concitado las voluntades de las organizaciones y gremios en la región para encontrar alternativas para una más expedita reparación de las víctimas.

Por eso se propone que opere mediante una mesa donde el Estado tendrá un papel de garante en el esfuerzo de retomar las experiencias positivas de reconciliación cultivadas en 30 años de conflicto en la región.

"Con este modelo especial de reparación buscamos que también se emplee la conciliación, mediación y negociación como vía para la reparación, que no sea solo la vía judicial y administrativa, lo que incluso resultaría más económico que lo dispuesto hoy en la Ley de Víctimas", explicó Diego Atehortúa, uno de los impulsores de la propuesta.