domingo, 8 de mayo de 2011

Continúan los desalojos en el Urabá antioqueño

A las 7 de la mañana de este domingo se reiniciaron los desalojos en los municipios de Chigorodó, Carepa y Apartadó en el Urabá antioqueño. Aún faltan 9 predios y cerca de tres mil invasores por ser sacados de esas zonas.

Personal del Smad, Policía Judicial Dijín, Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizan las labores de desalojo, indicó el comandante de la Policía de Urabá, coronel Víctor Ángel Gutiérrez.

Los invasores de predios públicos y privados se asentaron en 12 puntos estratégicos en estas poblaciones, exigiendo soluciones de vivienda y tierras para laborar.

En Apartadó los manifestantes bloquearon la vía principal, afectando el comercio y la movilidad hacia el aeropuerto de Carepa, según indicó el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Urabá, Adolfo León Zapata Betancur.

El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, reveló que la Policía, con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, rehabilitó el tránsito en la vía principal de Apartadó.

Ramos Botero reiteró que la orden es avanzar en el desalojo de estas personas, que de forma ilegal y, al parecer motivado por organizaciones subversivas, invadieron terrenos públicos y privados.

Estas invasiones comenzaron el pasado lunes en una finca del municipio de Chigorodó y se extendieron de forma masiva a 15 propiedades en las principales poblaciones del Urabá antioqueño.

Hasta el momento se ha retenido a 14 personas.

Gobernador de Antioquia ordena desalojar fincas invadidas en Urabá

Se estima que cerca de cinco mil personas invadieron predios en tres municipios.

Con 500 familias en el corregimiento El Reposo, de Apartadó, inició el desalojo de cerca de cinco mil personas que, desde principios de la semana, invadieron predios privados en tres municipios del Urabá antioqueño.

"Es por el tema de la necesidad de vivienda pero se ve que están organizados porque las invasiones sucedieron el mismo día y casi que a la misma hora", dijo Osvaldo Cuadrado, alcalde de Apartadó, municipio donde se presentó la invasión de 11 predios privados, ubicados tanto en la zona rural como urbana.

Además, en la noche del viernes un grupo de estos invasores bloqueó la vía que de Medellín conduce al Pacífico, hecho en el que quemaron llantas y lanzaron piedras durante los enfrentamientos con la Fuerza Pública, que solo logró restablecer el paso hacia el mediodía de hoy.

"Se hicieron reuniones con las entidades del Estado, entre ellas la Personería. Son personas de los mismos corregimientos de aquí de Urabá. Hasta ayer todo había sido muy pacífico", afirmó el Teniente Yesid Ortiz, comandante de la estación de Policía de Apartadó.

Al respecto el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, afirmó que "es demasiado importante restablecer el orden y que las autoridades desalojen a los invasores que, todo indica al parecer, vienen de grupos subversivos, al margen de la ley. El presidente ha estado al tanto de la situación y ha dado instrucciones para que el ejército también participe".

Por su parte el Ministerio de Agricultura, en cabeza del ministro Juan Camilo Restrepo, también manifestó su rechazo a utilizar las vías de hecho para promover o presionar soluciones agrarias. Para los operativos de desalojo fueron enviados como refuerzos 150 policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Continúa recuperación de fincas invadidas en el Urabá antioqueño

Miles de campesinos invadieron predios privados en Chigorodó, Apartado y Carepa. No se llegó a un acuerdo que permitiera un desalojo pacífico.

Unas 5.400 personas comenzaron a ser desalojadas de predios privados que habían invadido, al parecer sistemáticamente, desde el lunes en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Carepa en la zona del Urabá antioqueño, en una situación que amenazó con convertirse en una bomba de tiempo entre ocupantes y propietarios de los terrenos.

Alrededor de 350 efectivos de la Policía, por orden del gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, se encargan desde este sábado del operativo, ante el fracaso de las negociaciones entre las autoridades locales y los líderes de los campesinos y que ya despejan tres de once predios ocupados.

Éstos ya se habían enfrentado a las autoridades en la noche del viernes en incidentes en los que el Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD) de la Policía usó gases lacrimógenos.

El sábado se presentaron más choques en horas de la noche, aunque no se presentaron heridos. El general Luis Alberto Pérez, director seccional de la Policía, manifestó que los invasores de los terrenos viven en las mismas poblaciones, pero se desconoce quién y porqué se organizó la movilización simultánea.

El movimiento durante viernes también se había negado a desalojar los terrenos e incluso ya habían quemado llantas y bloqueado carreteras para hacer valer su posición, lo que mantenía incomunicada la zona por vía terrestre.

Habían circulado versiones de que las intrusiones han sido alentadas por políticos locales, probablemente interesados en estos terrenos plenamente productivos y en cercanías de los cascos municipales.

Para el alcalde de Apartadó Osvaldo Cuadrado, la toma se trató de "un fenómeno que viene presentándose de forma selectiva y organizada en varios municipios de la región, no sabemos por quién ni con qué intención, pero que sin duda amenazan con minar el esfuerzo que venimos haciendo las autoridades y todas las fuerzas vivas del municipio por mantener el orden"

Por su parte, el gobernador Ramos apuntó a que las manifestaciones habrían sido influenciadas por la insurgencia. "Todo hace ver que vienen de grupos subversivos al margen de la ley", dijo. El general Pérez descartó esa posibilidad.

Carmen Palencia, directiva de la no gubernamental Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes y Tierras del Urabá Antioqueño, descartó que las ocupaciones fueran protagonizadas por personas de grupos que como el suyo reclaman la devolución de terrenos de los que fueron despojados en años pasados por paramilitares y narcotraficantes.

Las ocupaciones "no fueron en fincas... sino en predios urbanos. Esto es un problema social que tiene que ver con el déficit de vivienda. Es gente que no tiene casas", dijo Palencia en entrevista telefónica desde Apartadó donde funciona la asociación.

"Nosotros no avalamos, no propiciamos vías de hecho" o las invasiones de lotes, aseguró la activista cuya asociación reúne a 2.800 familias que reclaman la devolución de al menos 50.000 hectáreas en Urabá y que aseguran le fueron robadas a las personas por paramilitares, narcos y guerrillas, desde la pasada década.

El gobernador Ramos y el ministro de Agricultura y desarrollo rural Juan Camilo Restrepo, deploraron la ocupación ilegal y dispusieron conjuntamente el desalojo de las familias que invadieron esos terrenos agroindustriales.